Problemas del español jurídico: opacidad y oscurantismo

«Según dicen, el desconocimiento [de la ley] no exime de su cumplimiento, pero cómo vamos a cumplirla los profanos en tales saberes si no la entendemos», Lázaro Carreter.

Imagino que muchos de los que habéis leído la cita de Lázaro Carreter con la que abrimos este breve artículo os habéis sentido identificados. ¿Quién no ha torcido el gesto en señal de desaprobación o contrariedad al leer una resolución o requerimiento judicial, una multa, un contrato o cualquier otro texto de tipo jurídico o administrativo?




Y es que una de las características del español jurídico es, por desgracia, su oscurantismo e ininteligibilidad, su opacidad y su falta de naturalidad. «La opacidad conduce irremediablemente al «oscurantismo» que, de acuerdo con la única acepción que de este término dan los diccionarios, es la oposición sistémica a que se difunda la instrucción a las clases populares» (Henrique Alcaraz, Brian Hugues, Adelina Gómez. El español jurídico. 2018).

Podemos conectar pues esta última idea con la cita del inicio: si las clases populares no están instruidas en la comprensión del lenguaje jurídico, ¿cómo se espera de ella que cumplan con sus deberes y obligaciones como ciudadanos? Yendo más lejos, podríamos incluso señalar cómo la democracia y la libertad se podrían ver comprometidas ante la acción de unos pocos letrados sobre estas clases populares que, en su papel de intérpretes de las leyes, podrían manipularlas fácilmente.

Considerar los problemas del español jurídico no es por tanto una cuestión baladí o una afición de filólogos y lingüistas, es una cuestión de calidad de nuestro sistema, de nuestras leyes y de nuestra democracia. Sin un lenguaje accesible, estas tres cosas se convierten en inaccesibles.

Esta opacidad y oscurantismo se ven en el gusto del español jurídico por lo altisonante y lo arcaizante. Un ejemplo claro es el uso y abuso del futuro de subjuntivo, ya en desuso en el lenguaje normal (hiciere, supiere, debiere, …). Por otra parte, este gusto por lo altisonante y arcaizante puede dar pie a ambigüedades y a confusiones. Voy a usar algunos ejemplos extraídos del libro que he citado un poco más arriba:

El tribunal proveerá a esta petición ordenando la suspensión de las actuaciones y oirá por diez días a la otra parte.

Artículo 17 de la LEC de 2000

El uso jurídico de la expresión por diez días suele significar hasta el plazo máximo de diez días. Esto supone un problema importante, ya que en el lenguaje común por diez días significa durante diez días.

Otra característica que hacen al español jurídico confuso es el uso de fórmulas estereotipadas como: Queda estimado como estimo; Debo acordar y acuerdo; A tenor de; …

La redundancia expresiva léxica es otro de los puntos que hacen oscuro al español jurídico. Esto ocurre porque normalmente el jurista entiende que puede haber ambigüedad en el léxico y pretende, mediante el recurso de la redundancia, precisar lo que quiere decir: exprese y materialice; acoger y vertebrar; afronte y dé respuesta; órganos y entidades; … El problema de este recurso es que no siempre es necesario. En la mayoría de los casos se trata de un artificio que dificulta la lectura y la comprensión del texto.

Esta es solo una muestra de algunos de los problemas que puede generar un lenguaje poco claro, a qué se debe este lenguaje poco claro y qué consecuencias puede tener. Esto se puede evitar, por ejemplo, contratando los servicios de un corrector de estilo que adapte el lenguaje jurídico al lenguaje común.




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